España, jueves 15 de Noviembre de 2018
Gabinete Jurídico Suárez-Valdés- Derecho Militar, de la Policia y de la Guardia Civil

Noticias de Derecho Militar

3.000 policías ‘escracheados’ y guardias civiles del ‘Piolín’ piden a Zoido más dinero

Los agentes se unen para reclamar a Interior que iguale sus retribuciones a las que percibieron los funcionarios que pernoctaron en residencias militares durante la operación Copérnico

Cerca de 3.000 policías y guardias civiles se han unido para reclamar al Ministerio del Interior más dinero por su trabajo en la operación Copérnico, desplegada en Barcelona con el fin de apaciguar la amenaza independentista que provocó el anterior Gobierno de la Generalitat en torno al pasado 1 de octubre, cuando convocó el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Los agentes consideran que a muchos de sus compañeros les han pagado más por hacer el mismo trabajo, que eso es injusto y que el Gobierno debería compensar ahora esos desajustes para igualar todas las retribuciones.
En concreto, denuncian que los funcionarios que estuvieron alojados en residencias militares durante el mencionado despliegue policial cobraron un complemento de productividad de 110 euros, 30 euros más que los guardias civiles que se hospedaron en hoteles y 15 más que los que durmieron en los cruceros como el que mostraba la figura de Piolín en su exterior. Los agentes afectados se quejan, también, de que los que pernoctaban en una residencia militar, además de cobrar un suplemento mayor, vivían en una instalación más segura, preparada para acoger a personal armado y que cumplía con todas las necesidades higiénicas.

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El abogado especializado en la defensa de miembros de las fuerzas de seguridad Antonio Suárez-Valdés ha elaborado una instancia para que los mencionados policías y guardias civiles afectados cursen su reclamación por el conducto reglamentario. “Tenemos ya a 3.000 agentes que han reclamado lo mismo, porque efectivamente a sus compañeros que se alojaban en residencias militares les pagaban más que a ellos, lo que consideramos manifiestamente injusto”, explica el letrado, que recuerda además que los más perjudicados económicamente también sufrieron los escraches en los hoteles o las incomodidades de los barcos.
“Las condiciones de precariedad en el servicio que trata de compensar el complemento de productividad implantado por Secretaría de Estado son las mismas para todos los agentes, ya que a todos se les ha privado de vacaciones, permisos o descansos semanales y a todos se les ha mandado al otro extremo del territorio nacional durante dos meses, lejos de sus familias”, subraya el abogado, aún dispuesto a cursar las reclamaciones de los agentes que quieran sumarse a la iniciativa y convencido de que a un mismo trabajo le corresponde igual salario. “Establecer diferencias según el lugar de alojamiento impuesto durante la comisión podría atentar contra el derecho a unas retribuciones igualitarias ante un mismo trabajo”, entiende el abogado.
Suárez-Valdés considera que todos los miembros de las fuerzas de seguridad que fueron enviados a la zona sufrieron perjuicios en materia de libranzas, vacaciones o permisos y que, a cambio, el Ministerio del Interior estableció mecanismos económicos de compensación “para gratificar las vicisitudes del servicio”, aunque en un primer momento el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido no establecía las cantidades específicas que los funcionarios debían recibir. Por lo tanto, continúa el letrado, no parece justo que unos agentes cobrasen más que otros en los mencionados complementos de productividad que venían a poner patas a esas cifras compensatorias.

Las circunstancias que han rodeado a los funcionarios de la Guardia Civil o de la Policía desplazados a Cataluña durante los últimos meses —desde poco antes de que tuviera lugar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre— han sido continuo objeto de polémica en los medios de comunicación. Desde la comida de Navidad que denunciaron los sindicatos hasta las protestas de los policías por realizar labores que no son habituales para ellos, pasando por las quejas por las condiciones en las que vivían en los barcos que se habían habilitado en el puerto de Barcelona para que pernoctaran los funcionarios o la última controversia sobre la situación en la que se quedan los agentes que aún continúan desplazados.
El pasado 26 de diciembre, Interior dio por concluida la operación Copérnico contra el desafío independentista. Los dos cruceros atracados en el puerto de Barcelona zarparon días después. También empezaron a regresar paulatinamente a sus ciudades de origen los agentes que se encontraban sobre el terreno en funciones de refuerzo, tanto en los barcos como en otros alojamientos como los citados. El ministerio fletó las embarcaciones junto a una tercera, la mencionada ‘Moby Dada’, como una solución de urgencia ante las dificultades para encontrar alojamiento a los más de 6.000 efectivos de las fuerzas de seguridad que llegaron a participar en el refuerzo de las plantillas permanentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña con motivo del referéndum secesionista. La declaración unilateral de independencia (DUI) y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución provocaron que la solución provisional de los cruceros se alargara más de tres meses.

Puede descargar la instancia en el siguiente enlace:
www.suarezvaldes.es/descargas

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-01-26/3-000-policias-guardias-civiles-reclaman-zoido-mas-dinero-operacion-copernico_1511388/

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